El Pleno del Congreso de la Ciudad de México dio su aval -por unanimidad- a un dictamen que integra diez iniciativas de reformas al Código Penal capitalino, una de ellas presentada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el resto por legisladores de diversas fuerzas políticas representadas en este órgano.
La propuesta de la Mandataria capitalina tiene como objetivo fortalecer el combate a la extorsión mediante la incorporación de nuevas conductas delictivas, así como el establecimiento de las sanciones correspondientes, derivado de las modalidades a las que recurren los generadores de violencia.
También plantea la armonización de la legislación local con el marco federal, y atender vacíos legales que han permitido que ciertas prácticas queden fuera de sanción penal.
“Como parte de los esfuerzos que se realizan desde la capital del país, propongo a este H. Congreso la adición de un nuevo tipo penal a la legislación de la ciudad, en el que se contemple una conducta que, aunque es cotidiana y tiene grandes afectaciones a la seguridad y la tranquilidad de las personas, no se encuadra dentro de la descripción típica que ha previsto el legislador federal para sancionar la extorsión”, señala la propuesta en su apartado “Exposición de Motivos”.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Alberto Martínez Urincho explicó que el dictamen permitirá combatir la extorsión y la usurpación de identidad con inteligencia artificial (IA), además de que se tipifican delitos como el “hostigamiento coercitivo”, entre otras medidas.
Desde la tribuna, el Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia señaló que este dictamen se deriva del “Pacto de la Lucha Contra la Extorsión”, firmado por instituciones, sociedad civil, empresarios y otros sectores, en el cual se planteó la creación del delito de “hostigamiento coercitivo”.
“Hoy, tanto la Jefa de Gobierno como diputadas y diputados de este Congreso han unido esfuerzos para poder crear esta reforma al Código Penal y que, de igual manera, se pueda combatir la violencia física o moral en la cobranza ilegal sin afectar derechos de acreedores, pero salvaguardando siempre a las y los ciudadanos de nuestra capital del país”, enfatizó.
Al razonar su voto, el diputado morenista Luis Alberto Chávez García aseveró que el Poder Legislativo local tiene la responsabilidad de salvaguardar a la población de manera integral y fortalecer el tejido social, y que ello implica combatir el uso de la tecnología para cometer delitos. Advirtió que los criminales han adoptado herramientas tecnológicas avanzadas para generar y manipular videos; clonar la voz de sus posibles víctimas, y suplantar la identidad de las personas en tiempo real, por lo que se requiere de un marco jurídico firme.
“Votar a favor de esta propuesta es mandar un mensaje contundente: el Estado mexicano está evolucionando para hacer frente a la ciberdelincuencia”.
A su vez, el legislador Manuel Talayero precisó que ese dictamen pretende alinear la política de combate a la delincuencia presentada hace unas semanas por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCM) al Congreso local, y que las sanciones sean realmente ejemplares.
“No más llamadas desde reclusorios; no más llamadas de personas que dicen pertenecer a grupos delincuenciales. Sí más seguridad para las personas y su patrimonio”, recalcó el pevemista.
De acuerdo con el dictamen, entre las iniciativas que lo conforman destacan las modificaciones al citado Código Penal y a la Ley Orgánica de la FGJCDMX, para establecer agravantes en el delito de extorsión, así como para castigar la usurpación de identidad con inteligencia artificial (IA).
También se impone agravante por motivo de reincidencia en el delito de extorsión derivado de un hecho de tránsito o “montachoques”, y se contempla la armonización con la legislación federal en la materia, con el fin de prevenir, investigar y sancionar estas conductas.
En materia de hostigamiento, se establece que se impondrá de diez a 15 años de prisión y multa de dos mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien utilice medios ilícitos, actos de violencia física o moral, hostigamiento o intimidación, para cobrar una deuda.
En los casos en que una persona, a través de violencia física o moral, pretenda obligar u obligue a la víctima a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión, se le impondrán de tres a siete años de prisión y multa de 500 a mil UMAs.