El plena del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que adiciona el artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, con el propósito de tipificar y sancionar la injerencia sindical cometida por personas servidoras públicas.
La reforma establece como falta administrativa cualquier acto de intervención, coacción, intimidación, condicionamiento o uso indebido de recursos públicos que afecte la vida interna, los procesos democráticos, la administración o la libre organización de los sindicatos.
Con ello, se fortalece la protección de la autonomía sindical y se garantiza que las organizaciones de personas trabajadoras puedan ejercer sus derechos sin interferencias indebidas por parte de autoridades o terceros.
Este avance deriva del proceso de armonización legislativa ordenado por el Congreso de la Unión tras la reforma federal publicada en diciembre de 2025.
A este respecto, el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, reconoció la trascendencia de la aprobación y destacó que dotar a la capital de este marco jurídico robustece de manera histórica la protección de los derechos de la clase trabajadora frente a viejas inercias de control político.
Para impulsar cambios reales y crear una agenda común en la Ciudad de México, el Congreso capitalino, asociaciones civiles y diversas universidades anunciaron dos proyectos -uno editorial y otro de televisión-, cuyo objetivo es impulsar la sinergia entre la voz de la calle, el conocimiento académico y el trabajo legislativo para atender las principales problemáticas de esta metrópoli.
Este martes, se dio a conocer la creación de la colección “Memoria, paz y progreso: un diálogo constructivo y multidimensional de la Ciudad de México”, la cual consiste en 14 tomos que serán impresos por la casa Editorial Miguel Ángel Porrúa. Además, la serie televisiva “La Ciudad de Queremos”, que contemplará 15 capítulos y que será coproducida por el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México.
En la presentación de esta iniciativa, que tuvo lugar en el Salón “Heberto Castillo” del Recinto Legislativo de Donceles, diversos diputados dieron cuenta de las propuestas que serán dirigidas por Gabriela Sandoval Roa, Subdirectora de Investigaciones y Estudios de la Ciudad de México, y Mauricio Pacheco Chávez, Presidente de La Casa del Activista.
Al tomar el micrófono, la legisladora Xóchitl Bravo Espinosa resaltó la importancia de estas presentaciones, sobre todo en tiempos tan complejos donde la Ciudad de México cuenta con una significativa diversidad y transformación constante.
La Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA externó su confianza en que ambos proyectos sean un espacio de encuentro, reflexión y propuestas, ya que contarán con un intercambio de opiniones que nutrirán el trabajo legislativo.
Por su parte, el diputado morenista Israel Moreno Rivera sostuvo que la obra editorial es importante para el Congreso capitalino, pues aporta una visión nueva para comprender la ciudad y la política, lo cual surge de un diálogo constructivo de la academia, sociedad y Poder Legislativo.
A su vez, el congresista Pedro Haces Lago, también de MORENA, reconoció la coordinación para generar estos productos que fortalecerán el bienestar de la ciudadanía, por lo que la colección editorial y la serie televisiva contarán con el apoyo necesario.
Sus compañeros de bancada, Elizabeth Mateos Hernández y César Emilio Guijosa Hernández coincidieron en que se trata de un proyecto innovador que ayudará a socializar el conocimiento y quehacer parlamentario, así como a la toma de decisiones que permitirán transformar la capital del país.
En el evento también estuvieron presentes las legisladoras Brenda Ruiz Aguilar; Adriana Espinosa de los Monteros García, Juana María Juárez López y Jannete Elizabeth Guerrero Maya, y los diputados Alberto Vanegas Arenas y Ángel Augusto Tamariz Sánchez.
El Presidente de La Casa del Activista informó que las grabaciones de la serie televisiva comenzarán en junio de este año y contarán con giras en diferentes espacios académicos con la presencia de las y los diputados.
Mauricio Pacheco Chávez detalló que esta actividad que iniciará en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y agregó que el 26 de junio se cerrará la convocatoria para las universidades que quieran participar en estos proyectos.
Asimismo, indicó que la colección editorial abordará los temas de derechos humanos; salud pública; seguridad y justicia; metrópoli; medio ambiente y sostenibilidad; educación; economía, empleo y turismo; cultura y deporte; gobernanza y participación ciudadana; tecnología y digitalización; infancia y juventud; igualdad de género; pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y comunidades afromexicanas; y desigualdad y justicia social.
Destacó que entre las instituciones académicas que se han sumado se encuentran: el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Politécnica de Atlautla (UPA).
También están incorporadas la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Anáhuac, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), así como diversas asociaciones civiles.
El Congreso capitalino instaló este lunes el Órgano Técnico Consultivo (OTC) con el cual cumple la sentencia sobre acción de inconstitucionalidad 38/2021, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionada a la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas Autistas de la Ciudad de México, con el fin de que sea respetado su derecho a la consulta sobre ese instrumento.
El OTC quedó integrado por las Secretarías de Salud Pública; de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI); de Bienestar e Inclusión Social capitalina (SEBIEN), y de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (METRÓPOLIS); del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE);
También por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM); el Instituto para las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD), e integrantes de la comunidad, colectivos y organizaciones relacionados con el autismo y las neurodivergencias.
En la sesión de instalación del OTC, que se llevó a cabo en el Salón “Nelson Mandela”, el diputado Víctor Gabriel Varela López y la diputada Claudia Neli Morales Cervantes escucharon las observaciones y experiencias de 19 ciudadanos y representantes de instituciones y organizaciones que formarán parte de dicho órgano.
Al tomar el micrófono, Varela López aseveró que las propuestas, así como las que sean recabadas a través de foros temáticos que realizará el Congreso local, serán tomadas en cuenta para generar y enriquecer la ley que garantice los derechos de este sector de la población.
En ese contexto, el Presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales aseguró que, derivado de dichas observaciones, se modificará la noción de “personas con la condición o del espectro autista” a “personas autistas”, ya que es la forma adecuada para enunciarlas.
Asimismo, informó que la Comisión que encabeza tiene coordinación con la SCJN y el Gobierno de la Ciudad de México respecto a la atención de la sentencia del
máximo tribunal del país y para garantizar los derechos de las personas autistas en la legislación correspondiente.
Por su parte, la legisladora Claudia Neli Morales comentó que ninguna política sobre autismo debe construirse sin la participación de estas personas, ya que su voz, experiencia y perspectiva son indispensables para que las decisiones sean pertinentes, respetuosas y alineadas con los derechos humanos.
“La instalación de este Consejo representa un paso fundamental hacia una ciudad más justa, más accesible y comprometida con el reconocimiento pleno de la diversidad humana. Este espacio no es sólo un Órgano Consultivo; es una oportunidad para transformar la manera en que diseñamos políticas públicas, colocando al centro a quienes históricamente han sido excluidos de las decisiones que les afectan”, puntualizó.
En sus intervenciones, los integrantes del OTC señalaron que se debe generar una legislación incluyente que materialice las necesidades reales de las personas autistas, la cual debe contar con un enfoque de salud pública, comunitaria e interseccional.
Señalaron que sufren actos de exclusión y discriminación; diagnósticos incorrectos, y falta de acceso a atención sanitaria. Además, de que hay una importante carencia de especialistas y actualización de literatura y protocolos de actuación sobre el autismo y las neurodivergencias.
El pasado 6 de mayo, la Mesa Directiva del Congreso capitalino dio cuenta al Pleno Legislativo acerca del Acuerdo sobre la integración y los nombramientos de instituciones, personas y organizaciones que conformarán el Órgano Técnico Consultivo que se encargará que se garantice la accesibilidad e inclusión en las etapas de consulta relativas al cumplimiento de dicha sentencia.
Dos días antes, en su Octava Sesión Ordinaria, la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales dio luz verde al citado documento, en el cual se establecía la ruta legislativa para conformar el Órgano Técnico Consultivo y las modificaciones al calendario aprobado en un primer Acuerdo.
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN presentó este martes, ante el Congreso local, una iniciativa de reformas a los artículos 54 de la Constitución Política de la Ciudad de México y al 83 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública capitalina, en ese sentido.
En la Sesión Ordinaria de este martes, señaló que se debe reconocer la relevancia del Cabildo, como un órgano de diálogo y coordinación entre la Jefatura del Gobierno capitalino y quienes encabezan las demarcaciones territoriales.
“Esto para mantener la constante atención a temas prioritarios como agua, vivienda, servicios públicos, movilidad, el bienestar de todos, y que la gente, los vecinos, sus gobernados, vivan cada vez mejor”, puntualizó.
Desde la tribuna, lamentó que el Cabildo no ha funcionado como lo establece la Carta Magna capitalina, por lo que es necesario modificar la periodicidad de los encuentros entre esas autoridades.
“De ahí que nuestra propuesta, al establecer una temporalidad mensual y ya no bimestral para sesionar, tiene como finalidad que la persona titular de la Jefatura de Gobierno mantenga un diálogo realmente cercano y constante con los alcaldes”, indicó el panista.
Garrido López afirmó que su iniciativa permitiría un “seguimiento efectivo y eficaz” del cumplimiento de los acuerdos y compromisos por parte del Gobierno de la Ciudad de México y las y los alcaldes, con el objetivo de solucionar las problemáticas que aquejan a la metrópoli.
“Tiene que reunirse la Jefa de Gobierno con los alcaldes y alcaldesas para tomar decisiones, para coordinarse. Buscamos así empoderar la figura municipalista con una visión federalista, no centralista. La toma de decisiones debe ser en coordinación”, insistió.
Además, resaltó la necesidad de que los acuerdos sean transparentados y que se expida un reglamento interno del Cabildo, en el cual se establezca la temporalidad de los encuentros.
En Acción Nacional advertimos que PEMEX llegó a abril de 2026 en medio de contradicciones evidentes. Mientras el discurso oficial sigue hablando de soberanía energética, hoy nos enfrentamos a un panorama desalentador, con incrementos sustanciales en los precios internacionales de los energéticos, mayor deuda de la paraestatal y accidentes medioambientales y operativos que ya están costando vidas humanas.
La reforma a PEMEX aprobada por Morena entre 2024 y 2025, siguiendo criterios políticos en vez de técnicos, está provocando mayor dependencia de las decisiones del Ejecutivo, lo cual reduce su autonomía y continúa elevando sus pasivos, al grado de ser al día de hoy una de las petroleras más endeudadas del mundo al cerrar 2025 con una deuda de hasta 85.2 mil millones de dólares, vencimientos de hasta 13.4 mil millones de dólares para este año y deudas con proveedores de 24.18 mil millones de dólares.
En cuanto a la producción, lejos de crecer, ésta cayó a mil 635 millones de barriles diarios en 2025, en comparación a los mil 759 millones de barriles diarios en 2024. La refinación para producir combustibles y otros derivados, la capacidad apenas llega al 51.2% de su capacidad.
Esta situación, agravada por el incremento en los precios internacionales de los energéticos, ha rebasado al gobierno al grado que la Presidenta, desde su privilegio como mandataria federal y alejada de la realidad que viven a diario las familias mexicanas, declaró lamentablemente que “si no te alcanza para la premium, cargues de la magna”, cuando hay vehículos que, para funcionar correctamente requieren cierto tipo de gasolina, y traslada el incremento de los costos de movilidad y transporte de mercancías a los consumidores.
Su promesa de que con Morena en el gobierno la gasolina costaría 10 pesos el litro cada vez es más lejana, la afectación al bolsillo de las familias mexicanas y los negocios es cada vez más doloroso.
Además, los accidentes, tanto medioambientales como operativos que han costado vidas humanas y han puesto a muchas otras en riesgo, parecen ser una constante; y en vez de asumir su responsabilidad o hacer cambios estratégicos, el gobierno prefiere desviar la atención y buscar otros culpables, como sucede con el derrame de hidrocarburos en las costas del golfo, la negligencia e incapacidad gubernamental se traducen en afectaciones en el ambiente y en la economía.
En este sentido, en Acción Nacional denunciamos que Dos Bocas ha costado más de lo prometido, produce menos de lo esperado y ha aportado muy poco a la autosuficiencia energética, al grado que hoy nuevamente se reaviva el debate en torno al “fracking”, pese a haber sido prohibido por la administración anterior.
Desde Acción Nacional sostenemos que la política energética del gobierno ha fracasado en sus propios términos. En defensa de la patria, creemos en un PEMEX productivo y proponemos una política energética basada en evidencia con apertura regulada a la inversión, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional.
Accidentes como el derrame petrolero en el Golfo de México, los incendios y explosiones que han derivado en pérdidas humanas no pueden seguir sucediendo; y en este sentido, llamamos al gobierno federal a tener transparencia total en la situación financiera y operativa de PEMEX, una revisión integral de la política energética con criterios técnicos y no ideológicos, una estrategia medioambiental sostenible a largo plazo y establecer un plan realista para reducir la deuda de Petróleos Mexicanos para mejorar su eficiencia operativa.
Defender el bolsillo de las familias mexicanas, con combustibles de precio accesible y la garantía de que los recursos petrolíferos son manejados adecuadamente es defender a México, así se beneficiaría la economía familiar y el impacto en las finanzas públicas del país sería cada vez menor.
Las y los diputados federales del PRI afirmaron que el fallido “Plan B” de reforma electoral es una simulación que no atiende los verdaderos problemas del país, y que pretende distraer la atención de las crisis en materia de seguridad, economía, la salud e infraestructura que afectan a millones de mexicanos.
Los legisladores que coordina Rubén Moreira Valdez señalaron que, bajo el argumento de la austeridad, se impulsa un dictamen que no genera ahorros reales, pone en riesgo la representación democrática, vulnera el federalismo y debilita el diseño institucional del país, evidenciando una reforma construida desde la prisa, sin consenso y alejada de las necesidades reales de la ciudadanía.
Al inicio de la Sesión Ordinaria, los diputados Alejandro Domínguez y Erubiel Alonso presentaron mociones suspensivas, ya que no se realizó la consulta a los pueblos y comunidades indígenas que establece la Constitución.
Alejandro Domínguez advirtió que votar este dictamen es un grave error, ya que es un distractor que se sostiene en la narrativa oficial de austeridad, que se contradice con la deuda pública para 2027, que será superior al 54 por ciento del PIB, y que quiere ocultar el derrame petrolero, el huachicol fiscal, las desapariciones, los robos a transportistas, el aumento de la inflación y la falta de mantenimiento a carreteras, mientras los mexicanos lo que quieren son medicinas, hospitales y médicos.
“Esta reforma reduce regidores en 60 municipios de los más de 2 mil 480 ayuntamientos que hay en el país. Esta reforma no tiene ahorros”, sentenció.
Por su parte, el diputado Erubiel Alonso cuestionó que vienen a decir que con esta minuta se van a reducir los privilegios y se van a generar grandes ahorros para los municipios y los congresos locales, pero en el detalle lo que se encuentra es exactamente lo contrario.
“En el caso de los ayuntamientos, se establece que estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, pero solo atenderíamos en ese escenario a 61 municipios”, detalló, para luego indicar que la desaparición de todos los regidores previstos en esta propuesta implica un ahorro del uno por ciento. En realidad, sostuvo, quieren tapar los más de 230 mil homicidios de este gobierno y los más de 132 mil desaparecidos.
La diputada Abigail Arredondo destacó que la reforma no presenta beneficios reales para el fortalecimiento de la democracia no corrige los problemas del sistema, como la sobrerrepresentación, el chapulineo, la intervención del crimen organizado en las elecciones. “Esta reforma conduce a la dictadura, debilitando contrapesos y equilibrios”, recalcó.
Alertó también que la disminución del presupuesto a congresos locales, derivado de una redacción deficiente, podría generar efectos contrarios y permitir incrementos discrecionales, pues únicamente 12 sobrepasan el límite del 0.7 por ciento que se pretende, de los cuales, puntualizó, 11 son de Morena.
En su intervención, la diputada Nadia Navarro sostuvo que este es un discurso vacío, sin sustento y lleno de palabras tendenciosas, que pretende que desde el centro se controlen decisiones que corresponden a los estados y municipios lo que atenta directamente el federalismo.
El diputado Emilio Suárez subrayó que si de verdad se quiere hablar de austeridad, se debe tomar en cuenta el sobrecosto del Tren Maya, de Dos Bocas y del AIFA, de cerca de 800 mil millones de pesos, al que si se suma el huachicol fiscal. Otros 600 mil millones, dan como resultado 1.4 billones de pesos. Con ese monto, explicó. Se podría financiar el presupuesto del INE durante 93 años o para organizar 140 procesos electorales.
Finalmente, los legisladores priistas reiteraron que el PRI no puede acompañar un dictamen que erosiona la división de poderes y pone en riesgo la vida democrática del país. “México no necesita reformas impuestas desde la soberbia, sino construidas con responsabilidad, apertura y respeto al pluralismo”, concluyeron.
