El Partido Revolucionario Institucional de la Ciudad de México considera que la recién aprobada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, privatiza la ejecución de obras públicas, además de estar acompañada de una modificación legal que abre un marco para canalizar recursos administrados por las Afores hacia proyectos de infraestructura, presentando un severo riesgo para el ahorro de las y los trabajadores.
El dinero de las Afores pertenece a las y los trabajadores, y esta ley crea un nuevo andamiaje para empujar los recursos de ahorros hacia proyectos definidos como estratégicos, lo que abre la puerta a una mayor presión política sobre el ahorro pensionario, afirmó el dirigente del partido en la capital, Israel Betanzos Cortes.
Expuso que los riesgos de sobrecostos, retrasos y baja rentabilidad de obras en ejecución serán trasladados directamente a las Afores de las y los trabajadores, vinculando el futuro pensionario a ese tipo de proyecto, lo que constituye un alto riesgo que saldrá muy caro para los trabajadores. Esta ley busca precisamente ampliar condiciones para canalizar más ahorro interno a infraestructura.
La mezcla de recursos será desproporcionada y concentrará demasiado poder en una sola lógica: las autoridades deciden qué es estratégico, arman el marco y buscan atraer el dinero, disponiendo del patrimonio de las y los trabajadores. Aunque existan filtros técnicos, el riesgo de politización y discrecionalidad, no desaparece.
No se puede dejar pasar que el ahorro de millones de trabajadores sea destinado como fuente de financiamiento, cuando se calculan más de seis billones de pesos administrados para alrededor de 73 millones de trabajadores y del potencial daño al incrementar su participación en el desarrollo de infraestructura sujeta a la voluntad del oficialismo, lo que representa un duro golpe al patrimonio de la clase trabajadora del país.
La infraestructura nacional debe financiarse con planeación, confianza, inversión privada clara y finanzas públicas responsables, no con un modelo que genera dudas sobre el destino del dinero para el retiro de los trabajadores, por esta razón el PRI votó contra este modelo de inversión, que significa un gran riesgo de pérdidas para el ahorro de las y los trabajadores mexicanos.