La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México dio a conocer un Acuerdo en el que se establecen la convocatoria, bases y desarrollo del “Parlamento del Medio Ambiente 2026”, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto.
En la sesión de ese órgano, realizada en el Salón “Nelson Mandela” del Poder Legislativo Local, la Mesa Directiva precisó que dicho Acuerdo fue presentado por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.
El documento establece que el registro de inscripción será del 1 de julio al 15 de agosto. Posteriormente, la Comisión analizará las solicitudes y realizará la selección de las 66 personas que integrarán el parlamento, que se efectuará de manera virtual y presencial, en este último caso en el Recinto Legislativo de Donceles.
Sólo podrán participar residentes de la capital con 18 años cumplidos o más, que no ocupen cargos públicos en el ámbito federal o local y cuenten con disponibilidad para realizar las actividades.
La lista de quienes serán elegidos será publicada en el 20 de agosto en la página web oficial del Congreso capitalino, así como en sus redes sociales.
El objetivo de este Parlamento es generar un espacio de encuentro, aprendizaje, divulgación e intercambio de ideas relacionadas a las agendas de protección, preservación, manejo, restauración, conservación del medio ambiente y el cambio climático.
También se consideran los mecanismos de mitigación y adaptación, la protección ecológica y el bienestar animal, así como conocer propuestas para ayudar a resolver las problemáticas socio-ambientales de nuestra sociedad.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes -con 40 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones- un dictamen de reformas a la Constitución Política capitalina para armonizarla con la Carta Magna Federal, en materia de nulidad de elecciones por intervención extranjera, y también para establecer un tope al Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo local.
En el marco del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, que se llevó a cabo en el Salón “Nelson Mandela”, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez presentó el dictamen de modificación a los artículos 27, 29 y 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
A nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, explicó que la reforma establece como causa de nulidad electoral cualquier intervención extranjera que influya en los resultados de una elección en la capital del país.
Además, que se fija un límite de 0.7 por ciento al Presupuesto de Egresos del Congreso capitalino y se prohíbe que los organismos autónomos destinen recursos públicos a seguros de gastos médicos mayores, planes privados de pensiones o prestaciones extraordinarias no contempladas en la ley. Ello con el objetivo de fortalecer la austeridad, la transparencia y el uso responsable del dinero público.
Al concluir su intervención, la diputada priísta Tania Nanette Larios Pérez presentó una moción suspensiva a este dictamen, pero fue desechada por la mayoría del Pleno Legislativo.
Posteriormente, pasaron al frente siete legisladores de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso local para manifestarse a favor y en contra de estas reformas constitucionales.
Por MORENA, los diputados Paulo Emilio García González y Ángel Augusto Tamariz Sánchez defendieron las modificaciones al máximo instrumento legal de la capital. El primero argumentó que, además de la causal de nulidad electoral ante una intervención extranjera, se incorporan principios de igualdad sustantiva y perspectiva de género; se fijan límites al gasto del Congreso capitalino, y se impide
que consejeros electorales y magistrados reciban salarios o prestaciones superiores a las de la Presidenta de México.
Mientras que su compañero acusó al PRI, PAN y MC de estar desconectados de la gente y no entender el rechazo de ésta al intervencionismo en las elecciones, como lo ha hecho Estados Unidos en Brasil, Colombia, Perú y Chile.
En el turno del PAN, el legislador Andrés Atayde Rubiolo afirmó que la propuesta de causal de nulidad compromete la certeza jurídica y genera incertidumbre para México, al contener ambigüedades que podrían convertirse en instrumentos de discrecionalidad política. En ese contexto, aseguró que nadie en Acción Nacional está a favor de la injerencia extranjera.
A su vez, la panista Olivia Garza de los Santos coincidió que dicha causal se convertirá en un instrumento de control político, y agregó que la reforma no surge de una exigencia ciudadana ni para resolver un vacío electoral, sino de un contexto donde se cuestiona cada vez más al gobierno.
El congresista Royfid Torres González, de MC, sostuvo que no se trata de una reforma que cambie la vida de la ciudad, ya que es un proyecto que abarca muchas materias con la intención de hacerla sustancial. Sin embargo, apuntó que va en contra de todo lo que establecen los procesos para generar propuestas, por lo que se necesitan diversas reformas para cada una de las iniciativas que se presentaron.
Por su parte, el priísta Omar García Loría cuestionó si se considerará injerencia extranjera una declaración emitida desde otro país, un informe de observación electoral o una opinión de un organismo internacional. En ese contexto, externó su preocupación de que el dictamen establece que la disposición será aplicable incluso antes de que se realice la adecuación de las leyes secundarias correspondientes.
De la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), el diputado Alejandro Carbajal González señaló que la democracia en América Latina no debe estar condicionada por los intereses de una potencia. Subrayó que si un pueblo toma una decisión, ese mandato debe respetarse sin que ningún otro país tenga derecho a intervenir.
Mientras Morena intenta construir una narrativa de éxito y bienestar, la realidad del país demuestra exactamente lo contrario: una deuda histórica que se duplicó, finanzas públicas quebradas, empleos insuficientes, inflación persistente y una creciente presencia del crimen organizado, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez.
Al participar en la Agenda Política de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador del PRI aseguró que existe una profunda distancia entre los discursos triunfalistas del oficialismo y las condiciones que enfrentan millones de mexicanos todos los días.
“Quebraron a México, lo endeudaron como nunca y ahora lo están entregando al crimen organizado”, sentenció.
Moreira Valdez sostuvo que una de las pruebas más contundentes de la crisis financiera que enfrenta el gobierno es la negativa de Morena a concretar la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que permitiría mejorar sustancialmente los salarios de policías, médicos, enfermeras y otros trabajadores del Estado.
Recordó que dicha reforma fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso y respaldada por la mayoría de las legislaturas estatales desde octubre de 2024, pero permanece detenida porque el gobierno carece de recursos para cumplirla.
“Si realmente hubiera dinero, ya habrían hecho la declaratoria. No lo hacen porque están quebrados. Esa es la verdad que intentan ocultar detrás de sus discursos y festejos”, señaló.
El líder parlamentario del PRI destacó que durante los gobiernos de Morena la deuda nacional se ha duplicado, mientras más de la mitad de los mexicanos continúan sin acceso a un empleo formal, reflejando el fracaso de una política económica que prometió bienestar y terminó generando incertidumbre.
Asimismo, criticó las reformas impulsadas por la mayoría oficialista durante el periodo extraordinario, particularmente aquellas que permiten ampliar la permanencia de magistrados electorales y que modifican reglas fundamentales del sistema democrático.
“Hablan de democracia mientras violan el principio histórico de la no reelección. Hablan de transformación mientras concentran el poder y debilitan los contrapesos institucionales”, advirtió.
En materia de seguridad, Rubén Moreira alertó que el país atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, con evidencias cada vez más preocupantes sobre la infiltración del crimen organizado en distintas regiones y procesos políticos.
Además, el exgobernador de Coahuila señaló que incluso las encuestas utilizadas por el oficialismo reflejan un creciente descontento ciudadano frente a la estrategia de seguridad del gobierno federal. Detalló que en materia de seguridad, el 66 por ciento de los mexicanos desaprueban lo que se está haciendo, tras lo que enfatizó que ser popular no significa gobernar bien”, indicó.
“Hoy la realidad es contundente: quebraron las finanzas públicas, incumplieron sus promesas y están dejando a los ciudadanos indefensos frente a la inseguridad. No sirven para gobernar y el país está pagando las consecuencias”, concluyó el coordinador parlamentario.
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica para reformar diversas disposiciones de la Ley de Economía Circular, la Ley para el Desarrollo Económico y la Ley Ambiental, todas de la Ciudad de México.
Esta iniciativa, promovida originalmente a través de una propuesta de los diputados Pablo Trejo y Juan Estuardo Rubio Gualito, busca la armonización legislativa y el impulso definitivo al reciclaje inclusivo en la capital.
Durante su intervención en la Tribuna del Palacio de Donceles, expuso que la propuesta cumple con la responsabilidad constitucional de alinear el marco jurídico local con la Ley General de Economía Circular.
Esta acción eleva la certeza jurídica, mejora la coordinación entre las distintas dependencias institucionales y sienta las bases fundamentales para la construcción de un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable para la metrópoli.
Las reformas planteadas integran conceptos actualizados que dinamizan la implementación de las políticas públicas tanto en el ámbito ambiental como en el económico.
El Diputado por el Distrito 15 de Iztacalco fue enfático al señalar que el dictamen atiende y dignifica una realidad social que por años permaneció invisible: el esfuerzo cotidiano de miles de personas dedicadas a la recuperación, separación, clasificación y aprovechamiento de residuos.
Estas personas, trabajadoras y trabajadores ubicados en comunidades, centros de transferencia y rutas de recolección, realizan una tarea indispensable al disminuir la contaminación, mitigar la saturación de los rellenos sanitarios y reincorporar valiosos materiales a las cadenas productivas.
Finalmente, Trejo Pérez sostuvo que la economía circular es una política pública que coloca firmemente a las personas en el centro de cada decisión del gobierno, advirtiendo que la transición ecológica requiere avanzar a la par de la justicia social.
Con la aprobación de este dictamen impulsado por el diputado Pablo Trejo, el Congreso de la Ciudad de México consolida una política pública que coloca firmemente a las personas en el centro de las decisiones.
El legislador sostuvo que este avance representa una sólida respuesta orientada a edificar condiciones de vida dignas para los sectores que históricamente han sostenido el sistema de reciclaje, demostrando que en la capital del país la sustentabilidad y la justicia social marchan juntas.
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Acuerdo AC/CCDMX/III/JUCOPO/2A/022/2026, presentado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el cual establece la integración de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva para el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de este órgano.
El Acuerdo también precisa el calendario de sesiones de la Comisión Permanente, que comprende del 2 de junio al 31 de agosto de este año. Las sesiones se realizarán los días 2, 10, 17 y 24 de junio; 1, 8, 15, 22 y 29 de julio, y 5, 12, 19, 26 y el 31 de agosto, cuando se clausura el citado periodo.
Como Presidente de la Mesa Directiva fungirá el diputado Jesús Sesma Suárez, del PVEM, mientras que las diputadas Yuriri Ayala Zúñiga, de MORENA, y Olivia Garza de los Santos, del PAN, estarán a cargo de las vicepresidencias. La legisladora morenista Cecilia Vadillo Obregón ocupará la Secretaría.
La Comisión Permanente estará integrada también por las y los diputados Brenda Ruiz Aguilar, Ángel Augusto Tamariz Sánchez, Paulo Emilio García González, Elizabeth Mateos Hernández, Ana Luisa Buendía García y César Emilio Guijosa Hernández, todos de MORENA.
Además, por las legisladoras Daniela Gicela Álvarez Camacho, Claudia Montes de Oca del Olmo y Laura Alejandra Álvarez Soto, las tres del PAN; Rebeca Peralta León, del PVEM; Miriam Saldaña Cháirez, del PT; Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de MC; Tania Nanette Larios Pérez, del PRI; Nora Arias Contreras, del PRD; Erika Lizeth Rosales Medina, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT),y Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria de Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI).
Las y los suplentes designados son las y los congresistas Xóchitl Bravo Espinosa, Víctor Hugo Lobo Rodríguez, Juan Estuardo Rubio Gualito, Víctor Gabriel Varela López, Alberto Martínez Urincho y Judith Vanegas Tapia, del Grupo Parlamentario de MORENA.
En el caso de la Bancada del PAN son Frida Jimena Guillen Ortiz, Mario Enrique Sánchez Flores y Lizzette Salgado Viramontes; del PVEM, Manuel Talayero Pariente; del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya; de MC, Royfid Torres González. Asimismo, los legisladores Omar Alejandro García Loria, por parte del PRI; Pablo Trejo Pérez, del PRD, y Gerardo Villanueva Albarrán, de la APPT, y la legisladora Leticia Haro Jiménez, de la APMCFI.
En su Sesión Ordinaria de este domingo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen sobre las nueve personas designadas como integrantes del Consejo Honorario de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHCM), quienes rindieron protesta -por separado- ante el Pleno Legislativo. Por unanimidad, las y los diputados dieron el sí a la designación de Sandra Liliana Serrano García, Alexandra Haas Paciuc, Tania Ramírez Hernández, Gonzalo Bernabé Ituarte Verduzco, Mónica Meltis Véjar, Gloria Angélica Careaga Pérez, Rodrigo Gutiérrez Rivas, Marisol Aguilar Contreras y Christopher Arpaur Pastrana Cortés.
Al fundamentar el dictamen en tribuna, la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya afirmó que éste no representa la visión de una sola fuerza política, sino un esfuerzo colectivo por construir un Consejo Honorario plural, equilibrado y representativo de las distintas causas que nutren la agenda de derechos humanos de la capital y reflejan su riqueza cultural.
En su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, aseguró que la selección de estas nueve personas fue resultado de un proceso serio, abierto, transparente y profundamente enriquecedor para esa instancia.
“Recibimos perfiles de enorme calidad; personas con trayectorias destacadas en la academia, la sociedad civil y el acompañamiento de causas históricas de nuestra ciudad y, desde luego, la defensa de los derechos humanos”, expresó.
Reflexionó que la participación de las y los aspirantes, así como de la ciudadanía interesada en este proceso, demuestra que la Ciudad de México es una metrópoli con una profunda vocación democrática y una población comprometida con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. “La decisión que hoy presentamos no fue sencilla.
Tuvimos frente a nuestros ojos perfiles extraordinarios y, como ocurre en todo proceso de selección, lamentablemente no todas las personas pudieron formar parte de esta propuesta final”, reconoció Guerrero Maya.
En ese contexto, señaló que las nueve personas elegidas para integrar el Consejo Honorario de la CDHCM destacaron por su trayectoria, experiencia y compromiso en las diversas causas relacionadas con los derechos humanos, lo que permitirá un órgano plural, crítico y propositivo.
“Cada una de estas personas aportará conocimientos, experiencias, sensibilidad y compromiso para fortalecer las tareas de acompañamiento, deliberación y orientación que corresponden al Consejo Honorario de la CDHCM”, aseveró la representante popular. El Consejo Honorario es un órgano colegiado de carácter consultivo y está integrado por diez personas.
Dentro de sus atribuciones, se encuentra aprobar el Reglamento y demás normas de carácter interno de la CDHCM. También aprobar el Proyecto Anual de Presupuesto de Egresos; conocer los informes relativos al ejercicio presupuestal y el Informe Anual que se remite al Congreso de la Ciudad de México, así como proponer acciones y medidas que contribuyan a una mejor observancia, promoción y tutela de los derechos humanos.
