El Congreso de la Ciudad de México aprobó este viernes la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial (PJ) que, entre otros puntos, aplaza su elección de 2027 a 2028.
En su carácter de integrante del Constituyente Permanente, y tras la discusión de la reforma constitucional, el Congreso capitalino dio su aval al alcanzar la mayoría calificada -con 44 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones- a la minuta enviada por el Senado de la República a los congresos de las 32 entidades federativas para su análisis y, en su caso, aprobación.
Para razonar su voto, pasaron a tribuna 24 diputadas y diputados de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo local, quienes reflexionaron sobre las ventajas y desventajas de las modificaciones a la Carta Magna Federal.
Por el Grupo Parlamentario de MORENA, el legislador Alberto Martínez Urincho explicó que se trata de reformas a los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 al máximo instrumento legal del país, encaminadas a mejorar los mecanismos de elección del Poder Judicial, entre los que sobresalen los criterios para la integración de los Comités de Evaluación y Selección de Candidatos.
La Coordinadora de esa bancada, Xóchitl Bravo Espinosa, aseguró que esta modificación constitucional responde al mandato de la ciudadanía, ya que 83 por ciento de la población considera necesario continuar las reformas para mejorar el proceso de elección. Además, que 82 por ciento está dispuesto a participar en las urnas para ello, y que 85 por ciento apoyó la creación de mecanismos estrictos de vigilancia y sanción de jueces y magistrados.
También subieron a tribuna las y los morenitas Ana Luisa Buendía García, Adriana Espinosa de los Monteros García, Pedro Haces Lago, César Emilio Guijosa Hernández, Miriam Valeria Cruz Flores, Alberto Vanegas Arenas, Elizabeth Mateos Hernández y Ángel Augusto Tamariz Sánchez.
Coincidieron que la transformación nacional debe alcanzar al sistema de justicia, porque no puede haber una verdadera democracia si el pueblo cree que no se
atienden sus demandas. Señalaron que esta reforma perfecciona el diseño normativo de la impartición de justicia y fortalece la legitimidad del Poder Judicial.
El Grupo Parlamentario del PAN se manifestó en contra de la minuta en voz de los congresistas Olivia Garza de los Santos, Claudia Susana Pérez Romero, Laura Alejandra Álvarez Soto, Ricardo Rubio Torres, Daniela Gicela Álvarez Camacho, Lizzette Salgado Viramontes y Federico Chávez Semerena.
En su turno, Garza de los Santos afirmó que dichas reformas no fortalecen al PJ ni al sistema de justicia, sino que se atenta contra ésta y la vida democrática, al consolidar el desmantelamiento de la división de poderes y debilitar los contrapesos autónomos que protegen al ciudadano.
Los panistas resaltaron que, desde su origen, la reforma judicial fue diseñada sin planeación; sin diagnóstico ni viabilidad técnica, y que después de 20 meses eso les da la razón. También señalaron que con la nueva modificación a la Carta Magna se intenta aumentar el control político a través de las boletas electorales.
El legislador Javier Ramos Franco, del PVEM, resaltó que con esta modificación se robustecen los principios democráticos y refuerzan las medidas para evitar cualquier intervención partidista en la elección judicial. En tanto, la petista Jannete Elizabeth Guerrero Maya aseveró que aplazar este proceso permitirá una mejor organización institucional y dar mejores condiciones de preparación a las autoridades electorales.
La legisladora de MC Patricia Urriza Arellano reclamó que el PJ no ha resuelto la impunidad en México, y que es preocupante la reducción de su productividad en 40 por ciento.
Por el PRI, el diputado Omar Alejandro García Loria afirmó que esta reforma al PJ se aprobó con prisa, sin planeación y sin medir sus consecuencias, mientras que su compañera Tania Nanette Larios Pérez acusó que lo único que logró la modificación constitucional fue reducir el Comité Evaluador de diez a cuatro personas; cambiar la fecha de la revocación del mandato, y garantizar la reelección de los magistrados.
En el turno de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), la congresista María del Rosario Morales Ramos consideró que hoy se traza una ruta clara para el Poder Judicial, con justicia democrática, técnica jurídica, transparencia y legitimidad social. Por parte de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APPMCFI), la diputada Diana Sánchez Barrios expuso que la ciudadanía exige mejores mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia.